Dario Azzellini, politólogo, escritor y documentalista italo-alemán, ha investigado en profundidad el fenómeno del paramilitarismo en Colombia. En 2003 publicó el libro «El negocio de la guerra», una de cuyas últimas ediciones ha corrido a cargo de Txalaparta en el Estado Español y por Question en Venezuela.

En los últimos tiempos, Dario Azzellini se ha dedicado a recabar información sobre la penetración del paramilitarismo colombiano en Venezuela, que afirma que se ha producido con ayuda de EEUU, a quien no le interesa llevar a cabo una intervención directa sino una «guerra de desgaste» cuya meta es la «desmoralización del contrario» y no una «victoria militar». Azzellini señala que uno de los objetivos del paramilitarismo es hacerse con el control del transporte, y concretamente, del taxi, puesto que es «uno de los espacios privilegiados decisivos para construir redes de inteligencia».

En sus investigaciones sobre el fenómeno del paramilitarismo en Venezuela, asegura que responde a una estrategia orquestada por el imperialismo, donde el Ejército colombiano y la oligarquía venezolana juegan un papel fundamental. Llega incluso a establecer similitudes con la Contra en Nicaragua. ¿A esos niveles de riesgo se ha llegado en Venezuela?
Te diría que todavía hoy día no estamos al nivel que se vivió en Nicaragua, pero sin duda, a medio plazo, se podría llegar a una situación similar si no se aplican las medidas necesarias. La penetración del paramilitarismo surge en la frontera, y se ha ido extendiendo a lo largo de toda la cordillera de los Andes, acercándose al norte costero, donde se encuentra uno de los polos industriales del país. En un momento dado, si se iniciase una guerra de baja intensidad aprovecharían ese corredor para atacar esa zona industrial estratégica, y así golpear uno de los polos clave de desarrollo económico.

¿Estados Unidos, por tanto, evitaría una intervención directa, y apostaría por una guerra de baja intensidad valiéndose de este tipo de grupos?
Efectivamente. Una intervención directa de Estados Unidos es impensable por la coyuntura internacional actual, y porque unificaría el sentimiento patriótico al interior del país. Es mucho más efectiva una guerra de desgaste, que no busque la victoria militar, sino la desmoralización del contrario, en la línea que desarrollaron en Nicaragua, y que tan buenos resultados les dio.

Apunta en su investigación que uno de los objetivos prioritarios de los paramilitares es el control del transporte. ¿Por qué?
Porque es un sector estratégico, como se ha podido comprobar en otros procesos históricos. Por ejemplo, en el caso chileno, el paro de transportes fue decisivo para debilitar al gobierno de Salvador Allende. El caso concreto de los taxis es realmente significativo, ya que es uno de los espacios privilegiados para construir redes de inteligencia. Los paramilitares controlan en Colombia gran parte de las líneas de taxis. Fíjate que los sandinistas en Nicaragua y los zapatistas en México, las primeras cooperativas que crearon fueron de taxis, con el claro objetivo de diseñar sus propias redes de inteligencia. En Venezuela, los paramilitares están poco a poco apropiándose de este sector, incluso en zonas de la propia capital, Caracas.

Da la impresión de que el paramilitarismo colombiano está extendiéndose cada vez más en todo el país, y que no se le está enfrentando con eficacia. ¿Qué se podría hacer para solucionar este grave problema?
Es cierto que hasta hace poco, desde el Estado no se le ha prestado la atención necesaria, y por ello se ha ido extendiendo de manera progresiva y creciente. Ahora, parece que los organismos de seguridad se han tomado en serio el problema, y comienzan a dar los primeros pasos. Considero que en primera instancia, los organismos de inteligencia del Estado tienen que diseñar un plan serio y riguroso para enfrentar el fenómeno en toda su dimensión. Pero esto no es suficiente. Hay que complementarlo con labores de «nteligencia social» por parte de la comunidad organizada, ya que es allí donde los grupos paramilitares se instalan y desarrollan sus actividades. El Estado y el pueblo deben articularse para abordar en conjunto este grave problema. De nuevo el concepto de «poder popular» se torna aquí esencial, en este caso en el ámbito de la seguridad, transfiriendo poder a la ciudadanía para hacer más efectivas las políticas públicas.