En los últimos años han sido elegidos en Venezuela, Bolivia y Ecuador gobiernos de orientación izquierdista que han declarado la nacionalización de los recursos de petróleo y gas de sus países como su proyecto más importante. Con esta política, persiguen el objetivo de recuperar el control de estas materias primas y utilizar los ingresos resultantes para el propio desarrollo. Asimismo, Venezuela invierte su riqueza petrolífera en la integración latinoamericana. 
Este proceder presenta similitudes con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero de los años cincuenta. Con todo, en el caso latinoamericano participan sólo empresas estatales; de este modo se pretende evitar que la mayor parte de los beneficios siga yendo a parar a las cajas de los consorcios energéticos transnacionales. 
¿Pero cómo es esta política en cada uno de esos tres países?

Política de estatalización

Venezuela, quinto productor de petróleo del mundo, dispone de gigantescas reservas de petróleo y gas. Una vez concluidas las certificaciones de las reservas de crudo pesado, Venezuela tendría, con una previsión de 313.000 millones de barriles, las mayores reservas de petróleo del mundo. Sin embargo, este gigante energético cubre el 70 por ciento de su demanda eléctrica con energía hidráulica.
Con la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999 comenzó la nacionalización, paso a paso, de la industria del petróleo y el gas. Si bien ya había sido nacionalizada en 1976, condiciones preferenciales y participaciones mayoritarias de consorcios transnacionales habían convertido esa nacionalización en una farsa. Incluso la empresa estatal de petróleos, PdVSA, obtenía sus ingresos evadiendo al Estado. 
El nuevo gobierno puso de nuevo a PdVSA bajo control estatal, transfirió todas las explotaciones de petróleo y gas a sociedades mixtas con participación mayoritaria de PdVSA y aumentó considerablemente los impuestos y contribuciones. Asimismo, PdVSA se comprometió a financiar directamente programas sociales y medidas de infraestructura. Como resultado, aumentaron considerablemente los ingresos del país. El año pasado, el gobierno Chávez nacionalizó también el sector eléctrico. 
Bolivia posee las segundas mayores reservas de gas del continente y es al mismo tiempo uno de sus países más pobres. Justo después de su elección el 1 de mayo de 2006, el presidente Evo Morales convirtió por decreto a todos los concesionarios extranjeros en socios minoritarios de la empresa estatal YPFB. Las empresas extranjeras pagan ahora hasta el 82 por ciento de sus ingresos en impuestos y contribuciones. Continúan las negociaciones sobre el importe de las indemnizaciones. En 2007 también se renacionalizó el consorcio eléctrico ENDE. Con ello, los ingresos de Bolivia de combustibles fósiles han ido subiendo de 200 a 1.200 millones de dólares al año desde la nacionalización. 
Ecuador, que con 4.800 millones de barriles dispone de unas reservas comparativamente más pequeñas, financia con sus ingresos de la exportación de petróleo el 35 por ciento de los presupuestos estatales. El gobierno del presidente Rafael Correa ha presentado a los cinco consorcios petroleros transnacionales activos en el país nuevos contratos para su negociación que prevén que Ecuador sólo asuma sus servicios, en lugar de reconocerles participaciones empresariales. Desde entonces, la estatal Petroecuador ofrece sólo nuevos contratos a empresas petroleras estatales. 
El gobierno ha declarado además que en el futuro no aceptará más tribunales de arbitraje internacionales para dirimir contenciosos. Después de eso, uno de los consorcios extranjeros abandonó el país. En octubre de 2007 se nacionalizó el 99 por ciento de los beneficios adicionales resultantes de la subida del petróleo. A finales del año pasado, Ecuador reingresó en la OPEC. 
No sólo los precios del petróleo y el gas, sino también la política seguida por los gobiernos de izquierdas de nacionalizar ha conllevado un aumento considerable de ingresos en los tres países. Con ello, han visto crecer sus posibilidades de actuación política y han contribuido a aumentar sustancialmente las inversiones en áreas como la infraestructura, los gastos sociales y la educación. En este sentido, la política de las nacionalizaciones parece que ha tenido éxito. 
Pero al mismo tiempo ha provocado intentos de bloqueo por parte de los consorcios transnacionales afectados por las nacionalizaciones. Lo puso de manifiesto la demanda, que entretanto ha fracasado, presentada en el Reino Unido a principios de este año por ExxonMobil, que quería congelar los valores de la venezolana PdVSA de 12.000 millones de dólares como compensación por las explotaciones expropiadas en 2007.

Diplomacia venezolana del petróleo

En especial Venezuela usa sus crecientes ingresos del petróleo no sólo para el propio desarrollo, sino que invierte una parte de los mismos en integración continental y en una diplomacia del petróleo. Así, el país se implicó notablemente en el reavivamiento de la OPEC y fomenta también la creación de una iniciativa de los países exportadores de gas. 
En Venezuela se está produciendo ahora mismo una diversificación de las coperaciones y concesiones, con participación de Brasil, Rusia, Bielorrusia, China, Vietnam, India e Irán. Con ello, el país quiere deshacerse de la dependencia exclusiva de EEUU y prevenir un posible aislamiento por parte de Washington. Al mismo tiempo, han empezado a construir capacidades propias en todos los ámbitos a través de transferencias de tecnología de las empresas estatales. 
La cooperación más estrecha, sobre una base política en Latinoamérica, se produce en el marco de la Alternativa Bolivariana para América (ALBA), a la que pertenecern Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua y Dominic. Junto a numerosos acuerdos en ámbitos como la educación, la cultura, la energía y el comercio, los cinco Estados de la ALBA están creando una empresa común de telecomunicaciones. 
La plataforma venezolana para negociaciones directas y proyectos comunes de consorcios energéticos estatales y gobiernos es Petroamérica, que conforman las tres iniciativas regionales de política energética Petroandina, Petrosur y Petrocaribe. 
La más desarrollada en la alianza energética Petrocaribe, fundada en junio de 2005, que tiene por objetivo una política energética común en el área del Caribe. 
Se propone garantizar un acceso más justo y bajo control estatal a los recursos energéticos, para lograr un desarrollo social más solidario y más justo. Pertenecen a ella hasta ahora Estados caribeños y centroamericanos. Venezuela suministra diariamente a los miembros de Petrocaribe unos 150.000 barriles de crudo y gas líquido. Un 60 por ciento del precio de compra debe satisfacerse en 90 días, y el 40 por ciento en 25 años a través de un crédito (con un interés del 1 por ciento a partir del tercer año). 
Se ha creado además un fondo ALBA-Caribe al que Venezuela aporta cada año 50 millones de dólares destinados a proyectos sociales y al desarrollo de la economía. En muchos de los países participantes se invierte además en nuevas refinerías, capacidades de almacenamiento y centrales eléctricas. De este modo se pretende desactivar a las empresas transnacionales y a los mediadores que disparan el precio de la energía para los pequeños compradores. De esta manera, Petrocaribe deja espacio a los Estados participantes no sólo para un enorme ahorro, sino también para una mayor independencia política de EEUU. 
En segundo lugar, Petroamérica reúne los acuerdos de cooperación de la región andina, sobre todo con Ecuador y Bolivia. Venezuela refina así el crudo ecuatoriano a buen precio, hasta que haya concluido en Ecuador la construcción de refinerías propias. El ahorro del que se beneficia así Ecuador es de alrededor de 1.000 millones de dólares al año. En Bolivia, PdVSA e YPFB fundaron una empresa común para la exploración y fomento del gas, para cuyas primeras operaciones el PdVSA ha puesto sobre la mesa la financiación inicial. PdVSA acordó además con la empresa eléctrica estatal boliviana ENDE la construcción de una central de gas. 
Petrosur fomenta la cooperación entre las empresas energéticas estatales de Brasil, Argentina, Uruguay y Venezuela. Existe entre Venezuela y Argentina una cooperación estratégica con numerosos proyectos, favorecida por la circunstancia de que el productor de petróleo Venezuela y el productor de víveres Argentina se complementan bien en oferta y demanda. Uruguay y Venezuela firmaron también un acuerdo estratégico por el que Venezuela garantiza el suministro energético de Uruguay, mientras que Uruguay reestructura su suminsitro a partir de la transformación y uso de combustibles venezolanos. 
Caracas también ha cerrado numerosos acuerdos de cooperación con Brasil, que en abril dio a conocer el descubrimiento de uno de los mayores campos de petróleo del mundo frente a sus costas. Los acuerdos van desde el suministro de electricidad venezolana hasta la participación de Petrobras en la explotación del Orinoco, la construcción de refinerías comunes y la explotación conjunta de gas frente a la costa venezolana.

Integración con fricciones

Los proyectos comunes aquí mencionados no deben engañar sobre las dificultades del proceso de integración. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay persiguen en primer término intereses propios. Así, se dificulta, o incluso se bloquea, una mayor cooperación e integración continentales. Y si bien Mercosur ha experimentado un nuevo impulso con el ingreso de Venezuela, sigue siendo una alianza comercial caracterizada esencialmente por fuertes contradicciones internas.
Además de eso, Colombia, el último fuerte aliado de EEUU en la región, torpedea el proceso de integración. Así, el gobierno de Bogotá no cumplió el año pasado su compromiso de convocar la cumbre de turno de la Unión de Estados Sudamericanos (UNASUR), fundada para fomentar la integración de las políticas energéticas. A raíz de las últimas tensiones políticas entre Venezuela y Colombia, también se congelaron los proyectos de cooperación existentes. 
La cooperación con Brasil tampoco se presenta del todo libre de problemas, sobre todo porque este país cerró en 2007 un acuerdo con EEUU para el fomento de la producción de combustibles biológicos. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador y Bolivia lo rechazan, porque resta superficie de producción de víveres y provoca un aumento del precio de los alimentos. A causa de la actitud de Brasil, además de los altos costes, también es incierta la construcción de un gasoducto de 8.000 kilómetros desde Venezuela a Argentina a través de Brasil (con ramificaciones hacia Bolivia, Paraguay y Uruguay). Además, dos países importantes como Perú y Chile no están implicados en esta integración energética. 
Sin embargo, la integración latinoamericana en política energética ha hecho progresos significativos en los últimos años. Por un lado, la política de las nacionalizaciones ha permitido reconquistar poder de actuación. A raíz de eso, los ingresos adicionales se han convertido en palpables mejoras de las condiciones de vida precisamente de las capas más pobres de Venezuela, Bolivia y Ecuador. 
Por otro lado, la cooperación continental en política energética ha reducido fuertemente la dependencia de los pasíes del norte, sobre todo de EEUU, y ha mejorado con ello las posibilidades de avanzar en un desarrollo económico propio. En este sentido, el “giro en política energética” que han emprendido los gobiernos de izquierdas en Latinoamérica muestra ya sus primeros frutos. Veremos si pueden consolidarse en los próximos años.

Tomado de Blätter für deutsche und internationale Politik 05/2008 

Traducción: Guillem Sans Mora