En entrevista exclusiva a teleSUR, el autor de "El negocio de la guerra" manifestó que estas empresas militares privadas gozan del privilegio de impunidad porque ningun juzgado civil o militar puede llevarlos a prisión.

El maestro en ciencias políticas Darío Azzellini aseguró este martes que el verdadero propósito de la privatización de la guerra es el poder evadir el control democrático que, sobre las operaciones militares, pueda ejercer cualquier gobierno a través de su congreso y sus diputados.

En entrevista exclusiva a teleSUR, el autor de El negocio de la guerra, manifestó que una de las ventajas fundamentales de la utilización de empresas privadas militares, que manejan la figura de los mercenarios, está en las estadísticas finales de guerra, ya que los mercenarios "no cuentan al momento de hacer el cálculo del resultado de los muertos en una determinada guerra".

En el sentido de la colaboración que estas empresas privadas de personal militar puedan tener en la solución de conflictos, el también investigador social manifestó que "esas empresas sólo ganan si hay conflicto (...) Es absurdo pensar que harán algo para solucionar esos conflictos".

Afirmó que de los conflictos bélicos presentados en los últimos años en los que hubo uso de mercenarios, no hay evidencias que los conflictos hayan sido solucionados. "No es que sea sólo por los mercenarios que eso ha pasado, pero no es real creer que hayan hecho algo para apagar esos conflictos", añadió.

Azzellini indicó que normalmente estas empresas dan como condición para entrar a trabajar en algún país el tener inmunidad frente a la justicia civil de los países, lo cual implica que estas personas no puedan ser juzgadas en ningún país.

"No hay ninguna justicia para ellos porque no son militares, son civiles; pero la justicia civil no puede actuar porque tienen inmunidad, ni la militar porque no le compete", señaló y agregó que la única posibilidad es hacer un juicio en el país de origen; lo cual resulta muy difícil porque la cantidad de víctimas de un determinado caso de guerra no puede trasladarse fácilmente a un juzgado de Estados Unidos o cualquier otro país.

"¿Cuántas víctimas de tortura en Irak tienen la posibilidad de ir a un juicio en los Estados Unidos? Es casi nula la posibilidad y es lo que se está haciendo actualmente en EEUU con Blackwater y por eso todo ese escándalo", indicó el también cineasta Darío Azzellini.

Respecto a la inclusión de mercenarios en las bases colombianas a instalarse próximamente por Estados Unidos, indicó que "en todas las bases que viene llegarán esas empresas privadas".

"Ya hay al rededor de 20 empresas militares de mercenarios trabajando en Colombia pagadas por el pentágono, a través del Plan Colombia (...) Son al rededor de dos mil mercenarios mínimo que hay en Colombia", expresó.

El también autor de "La privatización de las guerras" explicó que siempre se habla de un límite de 600 mercenarios pero ese límite concierte sólo a los mercenarios que tenga pasaporte estadounidense. Sin embargo, "esas empresas evaden eso contratando personal de otros países latinoamericanos".

Finalmente, sobre las prácticas de interrogatorios con torturas realizadas por organismos estadounidenses, Azzellini explicó que estas prácticas son "una pieza fundamental", ya que los torturadores que hacían las interrogaciones trabajaban para esas empresas privadas de güera privilegiados por la impunidad.

Estas declaraciones coinciden con las acciones que esta semana ha tomado el presidente Barack Obama, con la creación de unos comandos para interrogar a sospechosos de terrorismo, que funcionarán desligados de las políticas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), con lo que quedan eliminadas técnicas como privar a los presos de sueño o aturdirles con música a alto volumen; tras la divulgación de un informe oficial que revela abusos cometidos contra presos sospechosos de terrorismo, durante interrogatorios efectuados por esta agencia, que van desde intimidación con pistolas y taladradoras eléctricas, hasta amenazas de asesinar a sus familiares.