Essay in: A Economia Solidária na América Latina: realidades nacionais e políticas públicas. Sidney Lianza and Flávio Chedid Henriques (Editors) On Pages: 147-160

Author: Dario Azzellini
Publisher: Pró Reitoria de Extensão UFRJ, Rio de Janeiro
Pages: 14
Published in Dec. 2012

El proceso actual de cambio en Venezuela se plantea en la transformación social y económica del país. Chávez asumió la presidencia en 1999, pero sólo después de haber superado el golpe de Estado en 2002 y el “paro petrolero” en 2002/2003, fue que arrancó una nueva política económica con una orientación más alternativa, aumentando la promoción de cooperativas e introduciendo modelos de cogestión. La implementación sistemática de medidas de apoyo para la construcción de un nuevo sector productivo de propiedad colectiva o social directa, empezó apenas en 2004 con la creación del Ministerio de Economía Popular.
   Inicialmente y sobre todo a partir del 2004, el gobierno venezolano intentó promover la construcción de una “economía solidaria y humanista” apoyando una creación masiva de cooperativas para cualquier tipo de empresas, incluso – a través de modelos de propiedad mixta- en cogestión con el Estado o empresarios privados. A partir del 2005 se proyecta la superación de las lógicas y relaciones capitalistas con la construcción del “socialismo del siglo XXI”. Con la orientación socialista se inició la nacionalización de industrias, empresas de importancia estratégica y empresas improductivas (varias de estas habían sido cerradas durante el “paro empresarial” y tomadas por sus trabajadores). Se empezó, además, a fortalecer la expansión del sector productivo de propiedad estatal o colectiva. Las fábricas nacionalizadas y las fábricas nuevas siguen el modelo de “fábricas socialistas”, postulando una amplia participación de los trabajadores en camino a un control completo de parte de trabajadores y comunidades (propiedad social directa) Aunque, en realidad, ese proceso sea lento y obstaculizado por las mismas instituciones. Desde principios del 2007, los consejos de trabajadores se volvieron la orientación normativa oficial para la organización en los lugares de trabajo que, junto a otros consejos (comunales, campesinos, estudiantes...), a largo plazo substituyan el estado burgués por un “estado comunal”.
   La economía que se quiere fortalecer ha sido llamada de diferentes maneras: economía solidaria, social, popular o comunal.6 Una definición o distinción clara de los términos, en realidad no existe. La implementación sistemática de medidas de apoyo a este sector empezó apenas en 2004 con la creación del Ministerio de Economía Popular (Minep); renombrado como Ministerio de Economía Comunal (Minec) en 2007 y como Ministerio del Poder Popular de las Comunas en 2009 (Minppec). Desde entonces, en la práctica y en el debate se suele referir a este sector, generalmente, como “economía comunal”.

La idea de los ciclos o circuitos de producción y consumo comunales que permea la concepción de economía comunal en Venezuela tiene como fundamento las ideas de Istvan Mészáros sobre la transición al socialismo planteadas en su libro “Más allá del capital” (Mészáros 1995: 759-770).

   Mészáros aboga por la construcción de sistemas comunales (comunitarios y cooperativos) de producción y consumo, donde el trabajo determina las relacio- nes de intercambio entre las personas.
   La estrategia para la construcción de una economía que mira más allá de las lógicas capitalistas y hacia la democratización de los ciclos económicos, está enfocada en la expansión y consolidación de una economía basada en unidades productivas autoadministradas, promovidas por el Estado. Ella está orientada por un modelo de desarrollo endógeno radical: un desarrollo sustentable basado en los propios recursos y potencialidades locales, la administración colectiva de los medios de producción, y un papel más activo del Estado en la economía. Se busca construir cadenas productivas enlazando pequeñas empresas autogestionadas, como las cooperativas, con medianas empresas cogestionadas entre los trabajadores y las instituciones del Estado o las comu- nidades, y ambas con grandes empresas estatales a cargo de la producción y servicios estratégicos que son cogestionadas democráticamente entre el Estado y sus trabajadores.
   Las políticas al respecto de formas de tenencia y administración colectiva de medios de producción, como también los modelos de empresa fomentados, han cambiado en continuación. Ha nacido – y en parte desaparecido otra vez - un gran número de diferentes formas de empresas de propiedad y administración colectiva de los bienes de producción.7 La profundización del proceso de transformación ha multiplicado los puntos de conflicto entre la base popular – agente del proceso de cambio, las instituciones, y una parte del mismo proceso bolivariano que ha llegado a formar un tipo de nueva burguesía burocrática.

El movimiento de trabajadores ha asumido de manera creciente un papel protagónico en el proceso de transformación venezolano.

   Anteriormente, el sector de trabajadores industriales había sido uno de los sectores sociales más débiles del proceso bolivariano, en términos de capacidad de construcción. Durante los últimos años se han fortalecido las luchas por una participación de los trabajadores y trabajadoras en sus puestos de trabajo y la demanda por el control obrero está ganando más fuerza.
   Después del primer llamado de Chávez de conformar Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras (CST) en 2007, las presiones desde abajo han llevado a algunas instituciones, a partir de 2010, a empezar a permitir o hasta fomentar la constitución de CST, aunque no haya todavía una ley al respecto. Mientras en la mayoría de las instituciones se trata de impedir la constitución de CST, en otras y en las empresas del Estado, las instituciones responsables intentan asumir el papel protagónico en la constitución de los CST, desvirtuando su sentido y reduciéndolos a una instancia representativa de los trabajadores y las trabajadoras para tratar cuestiones reivindicativas con la burocracia
gubernamental. Eso ha convertido los CST en un nuevo campo de conflicto.

Las cooperativas en Venezuela

Antes del gobierno del presidente Chávez, el sector de la economía social o solidaria, en Venezuela, era totalmente subdesarrollado y marginal. En febrero de 1999 había sólo unas 800 cooperativas registradas,8 las cuales sumaban alrededor de 20.000 miembros y pertenecían, en su mayoría, a los sectores de finanzas y de transporte (Melcher 2008).

   La cultura cooperativista era poco desarrollada hasta en las mismas cooperativas, y la mayoría seguía lógicas capitalistas y una orientación reformista.
   La Constitución venezolana de 1999 le asignó a las cooperativas una importancia especial como medios de inclusión económica, participación democrática (artículo 70) y descentralización (artículo 184). Estableció la responsabilidad legal del estado de “promover y proteger” a las cooperativas (artículos 118 y 308). La idea era que las cooperativas recibieran un apoyo masivo del Estado para alcanzar un equilibrio social y económico (Díaz 2006: 160-163). Se pensaba que la manera solidaria de trabajar al interior de las cooperativas emanaría también alrededor de ellas.
   En una primera fase, a partir del 2001, el gobierno se concentró en facilitar la creación de cooperativas con la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, aprobada en ese año. La ley eliminó un estudio de factibilidad para la creación de cooperativas que contemplaban la ley anterior, las exentó de pagos para su registro oficial y otros pasos institucionales, reafirmó que están exentas del Impuesto Sobre la Renta, y destacó la obligación del Estado de apoyarlas.
   Hasta el 2004, el apoyo estatal se concentraba en cooperativas individuales. El trabajo de las diferentes instituciones era escasamente coordinado y la creación de cooperativas nuevas no era todavía masiva. Pero, después de derrotar las maniobras desestabilizadoras de la oposición, el gobierno venezolano se dedicó a fomentar la producción nacional y empezar de manera más sistemática la reestructuración de la economía venezolana.
    En el 2004 se creó el Minec, el cuál — junto con otras instituciones — promovió más activamente a las cooperativas. Los decretos presidenciales de 2003 y 2004 exigieron a todas las instituciones y empresas del Estado priorizar la contratación de pequeñas empresas y cooperativas.
   En muchas instituciones, incitaron a empleados de empresas privadas con las cuáles tenían contratos de servicios (limpieza, seguridad, alimentación, etc.), a que formaran sus propias cooperativas. Y para estas fueran contratadas directamente. Sunacoop y diferentes instituciones empezaron a ofrecer talleres sobre cooperativismo (valores, principios, organización básica, derechos y deberes en la nueva ley, etc.) y apoyaron la conformación de cooperativas por los participantes. Bajo la responsabilidad del Minec se creó un programa de formación laboral llamado Vuelvan Caras, (Ché Guevara a partir de su restructuración en el 2007).

Vuelvan Caras formó unas 800.000 personas y fundó 10.122 pequeñas y medianas unidades de producción. La vasta mayoría de ellas cooperativas, en las cuales trabajaban 680.000 personas (Minec, 2009).

   Las cooperativas reciben créditos con condiciones preferenciales y requisitos más flexibles a través de programas de microcrédito según la Ley de Micro-finanzas. Las cooperativas muy pequeñas pueden incluso conseguir préstamos exentos de intereses. El acceso a créditos se organiza a través de bancos del Estado establecidos para ese fin (Banco de la Mujer, Banco de Desarrollo Económico y Social, Banco del Pueblo Soberano, Banco de Fomento Regional los Andes - Banfoandes) y de otras instituciones de financiamiento. Todas estas entidades del Estado entre el 2003 y el 2008 han invertido más de 1.000 millones de dólares en cooperativas (Baute 2009).
   Este conjunto de condiciones favorables condujeron a un boom en la inscripción de cooperativas a partir del 2004. Ya para la mitad de 2009, según Sunacoop, había unas 274.000 cooperativas registradas (Baute 2009). Según datos de Sunacoop, el 27% de ellas, 73,968, eran operativas y fueron certificadas oficialmente como cooperativas (Baute 2009).
   De las cooperativas operativas en el 2008, el 49,38% trabajaban en el sector de servicios, principalmente turismo, servicios a empresas, limpieza, mantenimiento industrial y peluquerías. Un 25,3% eran cooperativas productivas, principalmente en el sector de la agricultura, ganadería, pesca, manufactura e industria. Otro 11,48% correspondía a cooperativas de transporte y un 7,64% a bancos comunales (Sunacoop 2008). Sin contar los bancos comunales — la unidad financiera de los consejos comunales que asume la figura jurídica de cooperativa, sin crear ninguna fuente de trabajo — en las 62.000 cooperativas restantes había un total de 2.012.784 personas trabajando, alrededor del 13% de la población económicamente activa.
   No hay duda que sin el apoyo estatal antes descrito, nunca se hubieran creado tantas cooperativas en Venezuela. La mayoría de los venezolanos que han creado cooperativas provienen de los sectores más marginalizados de la sociedad. Estas personas no suelen disponer de capital para invertir en sus cooperativas, ni tampoco tienen acceso a créditos de instituciones financieras. Además, su, generalmente, escaso nivel de educación y falta de experiencia en el trato con instituciones, les dificulta aún más todo el acto administrativo de formar una cooperativa.
   Sin embargo, el crecimiento inusitado en el número de cooperativas hizo imposible crear al mismo ritmo, estructuras y mecanismos estatales eficientes para apoyarlas, así como inspeccionarlas y controlar su uso correcto de los apoyos gubernamentales. La Sunacoop, por ejemplo, tenía solo ocho fiscalizadores, y cada fiscalización requería unos dos días (Piñeiro, 2005). Tampoco se disponía de suficiente personal experto para impartir los talleres de apoyo. Especialmente materias técnicas y de contabilidad, no contaron con personal suficientemente formado y hábil. Incluso los trabajadores de los ministerios y las instituciones involucradas reconocen que la contabilidad de muchas cooperativas y las inspecciones por parte de la Sunacoop han sido insuficientes (Ellner 2008).
   Al mismo tiempo, muchas cooperativas en conformación o grupos de cooperativistas se han visto también afectados por la ineficacia de las instituciones financieras y de servicios del Estado. Los financiamientos otorgados tardan meses hasta ser entregados, y lo mismo pasa con maquinarias o insumos prometidos a las cooperativas. Todo esto además del hecho de que las instituciones en muchos casos no proveen a las cooperativas con la asistencia técnica requerida (Piñeiro, 2008).
   Las deficiencias se han dado también en las propias cooperativas: “la no exigencia de capacitación previa a la constitución o como requisito de asociación, resta importancia a los principios, valores y practicas democráticas, igualando las cooperativas a cualquier empresa de capital” (Bastidas 2003: 54-55). Esto, en muchas nuevas cooperativas, se tradujo en falta de valores y principios cooperativos, de planes organizativos, de cohesión dentro de las cooperativas, y de integración entre ellas. Un número considerable de cooperativas fueron simplemente registradas porque ello no implicaba gastos, incluso algunas personas en varias cooperativas; otras son empresas realmente familiares; y otras fueron registradas formalmente como cooperativas para acceder a las ayudas estatales. Así, algunas cooperativas sólo existieron en el papel, y hubo malversación de los fondos.

A pesar de todas las dificultades y deficiencias descritas anteriormente, las nuevas cooperativas venezolanas, en general, tienen sin duda un efecto democratizador para el mundo del trabajo y un efecto emancipador para la misma población.

   Los participantes de las cooperativas, generalmente, saben que ser miembro de una cooperativa significa que todos tienen los mismos derechos y obligaciones, y por lo tanto no hay patrones que den órdenes. La ausencia de una jerarquía vertical, junto con la democratización de la estructura organizativa crea un clima de trabajo más satisfactorio y agradable.
   Eso, al mismo tiempo, contribuye a que los trabajadores tengan una visión más completa de los procesos de producción, aumentando su responsabilidad y compromiso. Carmen Ortíz, miembro de la cooperativa “Textileros del Táchira”, una fábrica textil recuperada por los trabajadores que se organizaron en una cooperativa, explica: “Trabajar en cooperativa es mucho mejor que trabajar para otro, trabajarle a otras personas es como ser un esclavo a los demás. En cooperativa no, porque uno trabaja a su manera. Claro no quiere decir con eso que uno quiera hacer lo que uno quiera hacer en cooperativa, no, uno hace lo que tiene que hacer sin necesidad de que nadie lo mande” (Azzellini/Ressler 2006).

La gestión democrática de las cooperativas las diferencia sustancialmente de empresas privadas capitalistas y empresas estatales convencionales.

   La participación de los trabajadores en la toma de decisiones es generalmente directa. Según la ley de cooperativas, el órgano supremo e instancia de decisión sobre los asuntos de la cooperativa es la asamblea de todos los miembros de la misma; aunque para cuestiones menores el poder de decisión puede ser delegado (LEAC, Artículos 21, 26). La asamblea generalmente decide por lo menos los aspectos más importantes, como la elección de sus directivos, las metas de producción a partir de compromisos de ventas, los ingresos mensuales de los trabajadores o “anticipos”, la distribución de excedentes, la adquisición de deudas y la inclusión o exclusión de miembros.
   En Venezuela también se aplicó la figura legal de las cooperativas en los casos de empresas recuperadas por trabajadores y/o nacionalizadas por el gobierno. A través de la copropiedad de acciones de la empresa entre los trabajadores y e instituciones estatales, se justificaba la cogestión, es decir, la administración compartida entre ellos. La fábrica se refundaba como una sociedad anónima con un 51% de propiedad estatal y un 49% de propiedad de la cooperativa formada por los trabajadores. Todas las decisiones importantes que afectan la fábrica se tomaban en la asamblea semanal de la cooperativa.
Aquellas decisiones de un alcance más amplio tenían que ser aprobadas por el ministerio, ya que el Estado era el dueño mayoritario. En la actualidad, para casos de empresas recuperadas o nacionalizadas, ya no se utiliza esta forma organizativa, lo que se promueve es que los trabajadores se organicen en consejos de trabajadores.
 

Problemas y contradicciones del enfoque cooperativista

La estrategia de promoción de cooperativas por el gobierno venezolano no está libre de contradicciones. Existe el riesgo de que las cooperativas sean utilizadas por empresas capitalistas para subcontratar a sus trabajadores y así evadir las garantías y derechos establecidos en la legislación laboral, flexibilizando las condiciones de trabajo. Algunos sectores sindicales temen también que la masificación de las cooperativas oscurezca la relación entre empleador y empleados, disminuyendo sus responsabilidades respectivas y, de esa manera, las relaciones de clase que continúan existiendo en el sistema capitalista venezolano (Ellner 2008).
   La idea inicial de que las cooperativas, de forma natural, producirían “para la satisfacción de las necesidades sociales” y que la solidaridad interna de ellas, basada en su gestión colectiva, “se extendería de manera espontánea a las comunidades locales”, se reveló falsa. La mayoría de las cooperativas siguieron las lógicas del capital. Se concentraron en maximizar sus ganancias sin apoyar a las comunidades adyacentes. Muchas se negaron a integrar nuevos miembros a la cooperativa, para así tener mayores ingresos, y algunas hasta se  concentra- ron en producir para exportar, en lugar de satisfacer primero necesidades locales y nacionales (Piñeiro 2010).
   Esto demuestra que el hecho de tener muchos dueños en lugar de uno — aunque pueda significar una mejora de las condiciones de trabajo al reducirse las jerarquías verticales — no produce, sin embargo, cambios fundamentales en la forma de operar de una empresa capita lista. Muchas cooperativas venezola- nas continuaron recurriendo a la competencia, la explotación y la eficacia capitalista. Sus miembros han adoptado la lógica capitalista de la maximización de beneficios, dejando a un lado los aspectos sociales y la solidaridad.
   Este comportamiento de las cooperativas generó, en algunos sectores del mundo del trabajo venezolano, un rechazo de que la propiedad legal de los medios de producción quedara en sus manos.

Consecuentemente, en las grandes empresas de propiedad mixta (Estado-cooperativa de trabajadores), los mismos trabajadores han rechazado ese modelo y propuesto que todas las acciones de la empresa pasasen a ser propiedad estatal y que, en cambio, los trabajadores la gestionen democrática- mente mediante un consejo de trabajadores.

   Por ejemplo, en Inveval, la primera empresa expropiada por el gobierno y que fue entregada a sus trabajadores en un modelo del 51% de propiedad al Estado y 49% en manos de una cooperativa de trabajadores, desde mediados de 2008 se estableció un modelo de “fábrica socialista” donde el 100% de las acciones pertenecen al Estado, y al mismo tiempo ella es administrada totalmente por los trabajadores. Los trabajadores de Inveval asumieron la propuesta hecha por Chávez, en enero 2007, de profundizar la revolución a través de la conformación de consejos de trabajadores y, decidieron  inmediata- mente elegir un consejo de fábrica formado por 32 miembros.

Entre los obstáculos y problemas más importantes para el funcionamiento exitoso de las cooperativas venezolanas están la orientación “capitalista” de sus miembros, su falta de conocimiento sobre los procesos de trabajo y administrativos, y la inaptitud e intervención del personal institucional estatal enviado para su apoyo o acompañamiento (Melcher 2008).

   Los 100 Núcleos de Desarrollo Endógeno (Nudes) creados como parte de Vuelvan Caras con la función de crear redes de cooperativas que contribuyeras a superar la lógica capitalista, en su mayoría no lograron cumplir la meta inicial. La expectativa de que surgieran cadenas y redes socio-productivas solo se materializó en unos pocos casos, generalmente cuando ya existía alguna organización social previa y el Estado había promocionado especialmente la creación de tales redes (Piñeiro, 2008). La mayoría de las cooperativas, en vez de formar una nueva economía social o solidaria, se puso al servicio de los monopolios que controlan la distribución y los mercados nacionales.

Las Cooperativas Comunales o Empresas de Propiedad Social Comunal

Frente a las experiencias problemáticas con cooperativas, la Sunacoop empezó a trabajar de manera estrecha con los Consejos Comunales9. En 2007, se lanzó un nuevo modelo: las Cooperativas Comunales. Estas son establecidas en las comunidades organizadas. Además, la Sunacoop reestructuró la formación para los futuros cooperativistas y fortaleció especialmente la formación en aspectos sociales y políticos (I-JCB 2008). Pronto diferentes instituciones de gobierno también promovieron el modelo de las Cooperativas  Comunales y proliferaron los nombres para las mismas: Empresas Comunales, Empresas Socialistas Comunales, Empresas de Propiedad Social Comunal y otras variaciones más. En estas nuevas empresas comunales, los trabajadores provienen de las mismas comunidades, y son ellas las que, a través de los Consejos Comunales y las Comunas10, deciden cuáles empresas se necesitan, qué forma organizativa tendrán y quiénes deberán trabajar en ellas. Generalmente, las comunidades son apoyadas por las instituciones del Estado, especialmente por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, con talleres para elaborar su forma preferida de organización para la empresa comunitaria. Así que, son las mismas comunidades que en un largo proceso de formación y debate deciden sobre la estructura y la misión de sus empresas (Azzellini/Ressler, 2010).
   Mientras las Cooperativas Comunales construidas con el apoyo de la Sunacoop se concentraron en empresas productivas como textiles, panificadoras, zapaterías, algunas de producción agrícola y otras, cuando diferentes instituciones y hasta empresas del Estado empezaron a asumir y fomentar el modelo de empresas comunales; las comunidades empezaron a construir empresas en muchas ramas, de la producción de alimentos y materiales de construcción a la prestación de servicios locales. Hasta finales de 2009, fueron creadas 271 de estas empresas en todo el país; en otras 1.084 empresas, las comunidades compartían la gestión con el Estado11. Desde entonces el número de empresas ha crecido más, ya que se ha revelado
como el modelo de empresa local colectiva más exitoso y prometedor hasta la fecha.
   Aunque tengan aparecido empresas de cualquier tipo, sectores principales en los cuales se ubican las nuevas empresas comunales son la producción de alimentos y materiales de construcción, además de la prestación de servicios de transporte y de gas líquido. Esto corresponde también a los problemas más urgentes en las comunidades.
   La empresa nacionalizada Cemento Andino empezó como primera empresa de cemento a fomentar la construcción de distribuidores comunitarios de materiales de construcción y de bloqueras (empresas que producen bloques de cemento para la construcción de casas). Como comenta Zoraida Benítez del departamento “Comunidad y Entorno” de Cemento Andino, de esta manera se logró reducir la especulación y bajar los precios eliminando los intermediarios (I-ZB 2010). El ejemplo fue retomado por otras empresas de cemento del Estado.
   La empresa petrolera estatal PDVSA empezó a construir una red de distribución de gas líquido para el hogar, bajo control de las comunidades llamada “Gas Comunal”. El gas líquido en Venezuela es muy barato, ya que se produce en grandes cantidades durante el proceso de extracción de petróleo. Sin embargo, anteriormente su distribución era controlada totalmente por empresas privadas que lo vendían a precios muy altos. Los precios por cilindro de gas en Gas Comunal están alrededor del 20% del precio de mercado. Además, se creó también un nuevo tipo de cilindro hecho de plástico resistente que es mucho más liviano que los cilindros de metal usados por las empresas privadas. PDVSA apoya las comunidades en construir un centro de distribución y manejarlo, y suministrar el gas almacenado en tanques, mientras las comunidades se encargan de la distribución. Así las comunidades mismas tienen también un margen para decidir de manera colectiva si suministran el gas de manera gratuita a personas en situaciones económicas problemáticas.
   En la Comuna del “Eje de MACA”, en Petare, Gran Caracas, compuesta por unos 30 consejos comunales, pude asistir en agosto y septiembre 2010 a los talleres excelentes impartido por un empleado del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, para elaborar con la misma comunidad las estructuras de gestión para unas empresas comunitarias (Azzellini/ Ressler, 2010). Ahí, se discutió concluyendo que las líneas fundamentales de las empresas iban a ser decididas por las asambleas de la Comuna, así también quién trabaja en ellas y cómo manejar eventuales ganancias que superan los costos para mantener las empresas operativas (I-ER 2011; I-PA 2011). En abril 2011 empezó a funcionar la distribuidora de gas líquido. Ella empezó a generar inmediatamente los ingresos suficientes para cubrir los gastos operativos y los sueldos de los 4 trabajadores (I-LM 2011). En junio 2011 la Comuna recibió seis camionetas “todoterreno” aptas para el transporte de pasajeros y empezó a manejar su propia línea de transporte comunal empezando a cubrir los barrios de la parte alta de la Comuna, que anteriormente no tenían transporte regular (I-PA 2011).
 

Conclusiones

Resumiendo, se puede afirmar que en Venezuela se está implementando una gran variedad de medidas para promover cambios estructurales en la economía y alcanzar una democratización de las relaciones de producción. Algunas buscan ir más allá de la explotación capitalista de fuerza de trabajo asalariada, de la separación entre trabajo manual e intelectual, y de la separación entre las empresas y los grupos sociales que ellas afectan con su actividad; creando las condiciones para, a mediano o largo plazo, superar el capitalismo. Otras medidas sólo pretenden una democratización más estrecha de las relaciones de producción capitalistas, de la propiedad y administración de los medios de producción, sin trazarse como objetivo el establecimiento de relaciones de producción socialistas, es decir, donde la sociedad controle los procesos productivos y se garantice de esa manera que satisfagan necesidades sociales.
   La mayoría de las empresas en Venezuela no son administradas por los trabajadores o por las comunidades. Aunque la construcción de Consejos de Trabajadores sea la orientación normativa desde el 2007, gran parte de la administración del Estado, más bien intenta obstaculizar su constitución o cooptarlos. Como consecuencia, se han desarrollado en casi todas las empresas nacionalizadas por el Estado, bien como en otras empresas e instituciones del Estado, luchas de trabajadores y trabajadoras para una mayor participación. En varios casos con una perspectiva de control obrero. Por otro lado, muchas “empresas socialistas” reproducen lógicas capitalistas de división social del trabajo, de alienación, y de maximización de la ganancia a través del control de los medios de producción.

Las amplias medidas puestas en marcha de apoyo a la creación de cooperativas, llevaron a la creación de más de 70.000 cooperativas operativas.

   Sin embargo, la deficiente capacidad de un acompañamiento de calidad, la falta de construcción de circuitos alternativos de comercialización, la imposibilidad de ampliar de la misma manera los mecanismos de control de los financiamientos otorgados y las deficiencias internas de las cooperativas llevaron a que la mayoría de ellas siguieran las lógicas del capital y se integraran al mercado capitalista. La idea inicial de que las cooperativas de forma natural producirían para las necesidades sociales y que sus estructuras solidarias internas, basadas en la gestión colectiva, aumentarían el sentido de solidaridad en las comunidades, no se cumplió. Sólo se llegó a una  democratización del mercado extremamente oligopólico venezolano.
   No debe sorprendernos que establecer procesos productivos de compromiso social que no se guíen por la racionalidad capitalista sea extremamente difícil. La experiencia concreta muestra que, hasta en las cuestiones más simples, se sigue cayendo en prácticas capitalistas. Esto ocurre sobre todo en asuntos como la repartición del trabajo y las ganancias. Decisiones que se han revelado como muy problemáticas en un entorno que sigue siendo capitalista.
   El reconocimiento de las limitaciones de las cooperativas tradicionales (donde el control de la gestión es solo del colectivo de trabajadores), no quiere decir que las cooperativas Aunque ellas no son necesariamente socialistas, sí pueden ser útiles para la construcción socialista en empresas pequeñas y a nivel local.
Después de las experiencias con diferentes modelos de propiedad, el modelo preferido por los trabajadores y por el Estado, por lo menos como orientación normativa, es el de “propiedad social directa”. Es decir, el modelo preferido de empresa es una administrada por los trabajadores y las comunidades organiza- das en Consejos Comunales u otras formas de autogobierno.

El modelo más exitoso hasta el momento es el de las Cooperativas Comunales o Empresas Comunales, que son generalmente promovidas en las comunidades por las instituciones del Estado para crear unidades de producción local y empresas de servicios a la comunidad.

   En muchos casos, estas empresas han logrado crear un mayor equilibrio entre costos, eficiencia y dimensión social, más que las empresas del Estado y las empresas privadas.
   Todos esos debates no son solo de carácter teórico. La cuestión de “otra economía” está en la agenda práctica. Durante los últimos años surgió, más allá de todos los errores y problemas, una gran variedad de modelos empresariales alternativos y colectivos. A pesar de todo, la gran cantidad de medidas diferentes en un tiempo reducido ha producido muchas iniciativas exitosas. La búsqueda de nuevos modelos empresariales sigue desde arriba y desde abajo. Y en el lapso de los últimos años las iniciativas desde abajo han aumentado.
   Paralelamente, existen también dentro del Estado, resistencias institucionales y estructurales en contra de esa construcción. Estas tensiones son reforzadas por la centralidad que tiene el petróleo para la economía venezolana, que fomenta el estado-centrismo, centralización del poder y estructuras verticales (Coronil, 2002). Los conflictos se multiplican con la profundización de los cambios que aumentan las resistencias del viejo Estado frente al cambio. Al mismo tiempo, aumentan las luchas por una ulterior profundización del cambio, las cuales se dirigen más y más en contra de los bloqueos institucionales. A causa de los intereses económicos en juego, los conflictos se potencian aún más en el sector productivo.
   Para la construcción de una economía que no siga la racionalidad del capital será fundamental conectar las diferentes empresas nuevas y crear condiciones para su funcionamiento sin apoyo del Estado. Esto será decisivo para lograr un desarrollo endógeno radical, y no solamente una repetición de una política de industrialización por sustitución de importaciones bajo una administración burocrática estatal; lo que significaría la continuación del modelo rentista, basado en las exportaciones petroleras que ha caracterizado a Venezuela.



6. Con diferencias sutilies, todas estas son maneras de hacer referencia a una economía que no se oriente principalmente a la producción de plusvalía si no a la equidad mediante remuneraciones dignas y una propiedad o gestión colectiva, así como a la solidaridad entre los trabajadores y hacia las comunidades.
7. Para más detalle veáse Azzellini 2009; 2010a; Azzellini/Ressler 2006.
8. Los datos varían entre 762 (Melcher 2008) y 877 (Piñeiro 2007). El director de la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP) en 2008, Juan Carlos Baute, habló de 800-900 cooperativas.
9. Los Consejos Comunales son una forma de auto organización local basada en la democracia directa y no representativa con la capacidad y legitimidad de elaborar y ejecutar proyectos en la propia comunidad (Azzellini 2010a; 2010b y Azzellini/ Ressler 2010).
10. Las Comunas son creadas de parte de varios Consejos Comunales que forman un territorio y son un nivel superior de la organización local democrática directa.
11. Gil Beróes, Aurelio, 2010, Los Consejos Comunales deberán funcionar como bujías de la economía socialista, en: rebelión.org, 4/1/2010, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=98094

Entrevistas
- Arteaga , Pablo (I-PA 2011), Comuna “Eje de MACA”, Petare, Gran Caracas, Estado de Miranda, 19/8/2011.
- Benítez, Zoraida, (I-ZB 2010), Trabajadora, dpto. “Comunidad y Entorno”, Cemento Andino, Monay, Trujillo, 10/8/2010.
- Baute , Juan Carlos, (I-JCB 2008), Director de la Sunacoop, Caracas, 23/12/2008.
- Martini , Lorenzo, (I-LM 2011), Comuna “Eje de MACA”, Petare, Gran Caracas, Estado de Miranda, 19/8/2011.
- Rivero , Elodia, (I-ER 2011), Comuna “Eje de MACA”, Petare, Gran Caracas, Estado de Miranda, 19/8/2011.

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