Los análisis sobre Venezuela se suelen concentrar en las políticas de gobierno y –hasta el 2013 – en la igura de Chávez. Hasta la mayoría de los autores que apoyan el proceso bolivariano han prestado poca atención a la construcción popular desde abajo. En este artículo se analizan la dinámica del movimiento para el control obrero, las cooperativas y su conexión con las Comunas como forma avanzada de autogobierno local.

La cuestión de la democratización de la administración de los medios de producción ha sido uno de los temas más controvertidos y conlictivos al interior del proceso bolivariano. En el transcurso de los años tanto las políticas en relación con las formas de tenencia y administración colectiva de medios de producción como también los modelos de empresa fomentados han ido cambiando. A partir de 2005 el presidente Hugo Chávez se pronunció públicamente a favor del control obrero; en 2007 asumió la propuesta de grupos de trabajadores de formar Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras (CSTT) y la lanzó públicamente. En las empresas del Estado y en las instituciones, sin embargo, la participación decisiva de los trabajadores es más bien obstaculizada. Desde mediados de 2013 se pudo observar una ola de conlictos en empresas estatales y nuevas recuperaciones de empresas privadas. Los trabajadores exigen y toman el control de las plantas para reivindicar el control obrero, una transformación hacia el socialismo y una producción orientada a satisfacer las necesidades de las masas populares. En 2005 el gobierno venezolano declaró oicialmente una orientación socialista y empezó a nacionalizar empresas de importancia estratégica y empresas improductivas (más allá de las nacionalizaciones en el sector petrolero y las expropiaciones de latifundio, que empezaron antes), fortaleciendo la expansión del sector productivo de propiedad estatal o colectiva. Aunque las primeras empresas fueron tomadas por los trabajadores durante el “paro patronal” que acompañó al paro petrolero 2002/2003, durante los primeros años el gobierno trató las tomas de empresas como un problema legal. Apenas en 2005 empieza a tratar las recuperaciones de empresas por sus trabajadores como una cuestión política. Cuando en 2006 se asumió desde el gobierno, principalmente por parte de Chávez, la propuesta de control obrero, ésta era apoyada por pequeños núcleos de trabajadores y trabajadoras. Desde el gobierno, también por iniciativa de Chávez, se impulsaron algunos casos de cogestión hacia un control obrero. Desde entonces el debate público y las experiencias en los lugares de trabajo han contribuido a la creación y el crecimiento de un movimiento para el control obrero. Aunque forma parte del discurso del gobierno y Chávez mismo había lanzado la propuesta de formar CSTT, hay una fuerte resistencia institucional a que el control de los medios de producción pase a manos de los trabajadores y trabajadoras o a que estos tengan un papel decisivo en la administración. La resistencia es aún mayor cuando se trata de mecanismos de participación en las instituciones mismas. En el gobierno no existe una postura común sobre las características del control obrero. Hay diferentes enfoques de manera paralela y la situación cambia continuamente. Eso es debido a las diferentes posiciones existentes en la izquierda y que el mismo gobierno y sus instituciones están atravesadas por contradicciones y por la lucha de clases. El discurso de Chávez antes y de Maduro hoy, al igual que la orientación política oicial, es de control obrero. Por un lado, el gobierno hace llamados a los trabajadores a recuperar fábricas improductivas o mal administradas por sus propietarios. Las expropiaciones y nacionalizaciones muestran la voluntad política para transformaciones estructurales. Por otro lado, las instituciones dejan muy poco espacio para iniciativas de trabajadores después de las nacionalizaciones y tienden a mantener el control de la administración y de la producción. Casi la totalidad de las empresas recuperadas o expropiadas, sin embargo, tienen maquinaria obsoleta o han sido saqueadas por los dueños y necesitan grandes inversiones para encaminar la producción. Más allá del sector privado, que obviamente no invierte en una fábrica tomada por sus trabajadores, sólo el Estado
dispone de tales cantidades de capital.

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